Uno de los retos del presidente Daniel Noboa es implementar una estrategia de fortalecimiento institucional y la aplicación de la ley mediante la asignación de recursos, tecnología y capacitación adecuada para las fuerzas militares, policiales y judiciales, aumentando su eficacia y eficiencia en la obtención de Inteligencia estratégica y operativa, persecución y desarticulación de grupos criminales, garantizando justicia pronta y efectiva., señala Wilson Goyes, Director de la Escuela de Riesgos de la UIDE.
El experto precisa que hay que cortar los vínculos de las organizaciones delictivas con la política, la justicia y sistema financiero. Es esencial también abordar las causas estructurales de la inseguridad, como la corrupción, la pobreza y la falta de oportunidades, a través de programas de desarrollo social, educación de calidad y rehabilitación para delincuentes, para prevenir la reincidencia y la entrada de jóvenes al crimen organizado.
Asimismo, se debe fomentar la cooperación interinstitucional y la participación comunitaria para fortalecer la vigilancia y denuncia ciudadana, además de intensificar la cooperación internacional para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero, especialmente en zonas afectadas por la minería ilegal controlada por grupos criminales.
Al ser consultado sobre las medidas complementarias que deben aplicarse en esta materia, Wilson Goyes indica que es fundamental reorganizar las fuerzas y priorizar las tareas para seguridad externa e interna, formar fuerzas para control carcelario, inteligencia nacional, control de fronteras, puertos y aeropuertos, gestión de riesgos, infraestructura estratégica, minería ilegal, implementar medidas que promuevan el bienestar físico y emocional de las tropas. Esto incluye la rotación adecuada de turnos y zonas de operación para evitar la sobrecarga laboral, así como la incorporación de programas de apoyo psicológico y manejo del estrés que reduzcan el síndrome de burnout, muy común en estos cuerpos debido a la alta presión y riesgo constante. Además, se debe fortalecer la formación continua y la capacitación en nuevas tecnologías y métodos de inteligencia para optimizar el trabajo operativo, permitiendo una labor más eficiente y menos extenuante. La cooperación interinstitucional y la participación de la comunidad también contribuyen a distribuir las responsabilidades, disminuyendo la carga directa sobre el personal de seguridad.
Sobre la estrategia de mantener una línea dura con el respaldo de la Fuerza Pública, Wilson Goyes manifiesta que la experiencia regional demuestra que la sola fuerza coercitiva puede contener temporalmente la violencia, pero sin fortalecer una justicia efectiva, transparente y sin corrupción, así como sin abordar las causas sociales y económicas que alimentan el crimen organizado, la violencia tiende a perpetuarse o desplazarse a otras zonas. Además, la militarización excesiva puede generar violaciones de derechos humanos y desconfianza ciudadana, afectando la legitimidad del Estado. Por ello, es indispensable combinar la acción firme de las fuerzas de seguridad con estrategias que incluyan prevención social, cooperación internacional, inteligencia policial avanzada, participación comunitaria y reformas judiciales, tal como plantea la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada en Ecuador, que enfatiza la persecución de grupos criminales junto a la protección ciudadana y la cooperación multisectorial. Solo con un enfoque multifacético y coordinado, que evite la militarización desmedida y fortalezca el Estado de derecho, será posible avanzar hacia la recuperación sostenible de la paz en el país.