En un contexto en el cual, según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 281 millones de personas son migrantes y las políticas gubernamentales son cada vez más restrictivas para limitar su recepción, la ONG Ayuda en Acción participó en el Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) 2026, el mayor encuentro de las Naciones Unidas para evaluar avances del Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular y definir la agenda de los próximos años.
Respaldada por su amplio portafolio de proyectos de movilidad humana en países de América Latina y España, la organización ha acudido a este escenario multilateral para reposicionar la movilidad como un motor imprescindible de desarrollo socioeconómico y argumentar contra aquellas narrativas xenófobas que criminalizan a esta población.
La realidad migratoria de los últimos años ha experimentado transformaciones profundas, marcadas por un endurecimiento normativo que invisibiliza los aportes de quienes migran y vulnera obligaciones internacionales de protección. Ayuda en Acción alerta de que el 30% de la población migrante en la región sigue en situación irregular y subraya que las regularizaciones temporales y las barreras administrativas obstaculizan la integración real en los mercados laborales y los sistemas de protección social. Frente a eso, advierte que expulsar o intimidar a la población migrante no solo es contrario a los derechos humanos, sino que, en términos económicos, resulta contraproducente para los países que necesitan revitalizar su fuerza laboral. Por ello, la organización subraya la urgencia de desmontar narrativas sin sustento como la del «efecto llamada» y recentrar el debate hacia vías legales y oportunidades dignas de integración.
“Regularizar no es un simple trámite administrativo; es devolver derechos. La regularización permite a las personas migrantes trabajar sin miedo, ir al médico o denunciar injusticias sin arriesgarlo todo. Debemos entender que la regularización no aumenta los flujos migratorios, sino que los ordena, convirtiéndose en una herramienta de gestión útil y humana que permite maximizar la contribución de estas personas a sus sociedades de acogida. Ignorar esta realidad y optar por la invisibilidad es, en términos económicos, “pegarse un tiro en el pie” para cualquier país que aspire a generar cohesión social y riqueza”, subrayó Pablo Uribe, responsable de Migraciones de Ayuda en Acción.
Para lograr este cambio, Ayuda en Acción coorganizó y lideró dos relevantes eventos paralelos durante el FEMI. Por un lado, el espacio «Movilidad Climática: Perspectivas y Conclusiones del Diálogo Regional», enmarcado en los procesos de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), en el cual se expusieron los hallazgos territoriales sobre cómo el cambio climático y la degradación ambiental moldean los patrones de desplazamiento, reivindicando el concepto de «inmovilidad forzada» para recordar que «quedarse no es un derecho cuando es la única opción posible» ante un entorno inhabitable.
Por otro lado, la organización lideró el espacio «Hacia una integración y reintegración digna de las personas deportadas y retornadas forzadas en Latinoamérica», un evento multiactor diseñado para visibilizar buenas prácticas y denunciar una profunda brecha estructural: que la atención al retorno no puede limitarse a las primeras 72 horas de recepción, sino que exige un acompañamiento de al menos 12 meses centrado en las familias transnacionales, y no solo en el individuo. Finalmente, en el diálogo sobre regularización junto a los Gobiernos de España y Colombia, se defendió la necesidad de mecanismos de residencia estables que pongan fin a la precariedad de los permisos temporales y garanticen una inclusión social plena.
“El FEMI ha sido un escenario clave para proyectar los aprendizajes recolectados en la región latinoamericana. Hemos traído la voz de las comunidades más vulnerables a las Naciones Unidas para asegurar que la gobernanza migratoria mundial no ignore el impacto del cambio climático. Sin embargo, vemos con preocupación cómo la actual Declaración de Progreso trata el nexo clima-movilidad y la regularización con menor ambición que en 2022. Lo trabajado aquí no debe quedarse en este espacio; debe proyectarse, escalarse y convertirse en acción: traducirse en soluciones reales y duraderas que protejan los derechos humanos, con especial atención a colectivos como la infancia, la juventud y las mujeres”, señaló Ivanna Herrán, coordinadora regional de Movilidad Humana de Ayuda en Acción.