Con el objetivo de asumir con responsabilidad y compromiso la coyuntura social y política que atraviesa el país, la Cámara de Comercio e Industrias Franco Ecuatoriana, organizó un conversatorio el pasado miércoles dos de agosto, en el Swissôtel de Quito. El análisis se desarrolló en un contexto equilibrado y pluralista, y tuvo por finalidad arrojar un poco de claridad respecto a la incertidumbre que plantea la Consulta Popular, en torno a sus potenciales efectos jurídicos y económicos.
La iniciativa promovida por el Directorio de la CCIFEC surgió de la inquietud compartida con otros gremios de diversos sectores, sobre la falta de difusión y el poco conocimiento que tiene la ciudadanía en general, a pocos días de acudir a las urnas para expresar su opinión, sobre un tema de trascendental importancia para el futuro económico y social del Ecuador.
Expertos del sector petrolero como el Dr. René Ortiz, ex ministro de Energía y ex secretario general de la OPEP; y, el Eco. Santiago Caviedes, ex viceministro de Economía y Finanzas; así como investigadores y académicos de reconocida trayectoria como el Dr. Carlos Larrea Maldonado, catedrático e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, experto en economía ambiental; y el Eco. Mateo Villalba, exfuncionario público de reconocida trayectoria en el sector económico, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Director del Centro de Investigaciones Económicas de dicha universidad, fueron parte de un panel de elevada credibilidad, acreditado por la calidad profesional y la diversidad de visiones de los ponentes. El debate contó, además, con la destacada participación de la Dra. Rebeca Illescas, ex Ministra de Minería, en calidad de moderadora.
Pese a la divergencia de posturas, el panel alcanzó consensos en relación con dos puntos importantes: su preocupación por la gran brecha que se evidencia en los montos que exponen los voceros de cada postura, que, a decir de los miembros del panel, puede tener origen en la dificultad para acceder a cifras precisas, por ejemplo, relacionadas con los costes de producción por unidad de barril de petróleo producido.
De igual manera, hubo una diferencia importante de criterio respecto al valor presente neto de las reservas del Bloque 43. Adicionalmente, expresaron su desacuerdo unánime con la decisión gubernamental de unir la realización de la Consulta Popular a las elecciones presidenciales anticipadas. Los expertos estiman que dos temas relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales no renovables, el petróleo en este caso – como también el de la minería -, debido a la actual coyuntura han sido politizados y convienen de que al margen de que prevalezca una respuesta positiva o negativa, el poder público se ha aventurado en una Consulta Popular sin realizar un análisis de oportunidad, ni de eventuales efectos a nivel jurídico y económico. Tampoco existe un proceso de planificación ex post, ni se ha previsto una hoja de ruta que oriente las acciones a tomar a futuro, en ninguno de los dos casos, dejando enormes vacíos jurídicos y operativos.
Los asistentes manifestaron también su preocupación respecto a la incertidumbre que ha ocasionado la decisión de los órganos de la administración pública. El doctor Jorge Cevallos, del despacho AVL Abogados, indicó que aparentemente no existió ningún análisis económico de las decisiones jurídicas adoptadas por las distintas instituciones, y subrayó que ejecutar una consulta que se planteó y denegó hace diez años, es inoportuno y poco responsable, pues el momento histórico es distinto.
Asimismo, al concluir el evento, el Dr. Bayardo Poveda, presidente del Directorio de la CCIFEC, exhortó a todos los actores del sector empresarial a promover espacios similares para informar a la ciudadanía sobre las posibles consecuencias de tomar una decisión en un sentido u otro, en aras de que el voto pueda ser más reflexivo y consiente. Además, en tanto que profesional del Derecho, hizo un llamado a cuestionarse sobre los potenciales efectos nocivos en términos de inseguridad jurídica incrementada y de riesgo reputacional del Ecuador frente a la comunidad internacional, y subrayó: “Creo que tenemos suficientes arbitrajes internacionales sobre la mesa, y los niveles de riesgo país han alcanzado récords históricos”.
Desde esta óptica, convino en que la decisión que se tomará en la Consulta Popular es crucial, el presidente de la CCIFEC, concluyó enfatizando en el hecho de que el mercado global podría proveer opciones diferentes para la economía ecuatoriana, por ejemplo, a través de la monetización de activos ambientales, y señaló que: “habrá alternativas, pero dependerá sobre todo de la capacidad, sofisticación y responsabilidad de los equipos de trabajo que tengan que administrar el Estado en el escenario resultante de esta consulta, de ganar el voto afirmativo”. (I)