El Pleno del Parlamento resolvió solicitar al Gobierno Nacional que transparente las cifras sobre prevención, atención y erradicación de la violencia de género, datos que al minimizarlos afectarían la garantía de derechos de las mujeres y niñas en el país; esta información deberá ser remitida a la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 10 días al amparo de lo previsto en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Como parte de la resolución, también requirió al Gobierno Nacional la presentación de las cifras oficiales de femicidios en Ecuador correspondientes al año 2024 y a los meses de enero y febrero de 2025, con un desglose territorial, en un plazo máximo de 10 días, conforme al artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Así mismo, se dispuso la convocatoria al Ministro del Interior y a la Ministra de la Mujer para que comparezcan ante el Pleno del Parlamento y rindan un informe detallado sobre los casos de violencia y femicidios ocurridos en el país en 2024 y lo que va de 2025, además de los avances de las políticas públicas implementadas.
En este sentido, solicitó la recepción en comisión general de organizaciones de mujeres y familiares de víctimas de femicidio para que expongan las dificultades que enfrentan en el ejercicio de sus derechos y la respuesta del Estado ante estos casos y dispuso que, a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, se notifique con el contenido de la presente Resolución a las autoridades competentes.
En su intervención, la legisladora Gissela Garzón denunció la falta de cifras claras y la inacción estatal frente a la creciente violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. “La violencia no se detiene, pero el Estado sí desaparece cuando más se le necesita. Hay mujeres que logran llegar al sistema de justicia buscando auxilio y, aún así, terminan siendo ignoradas. Si una boleta de auxilio no se cumple, si una medida de alejamiento es ineficaz, la responsabilidad recae en las instituciones que han fallado”, enfatizó.
Garzón también criticó la falta de coordinación interinstitucional y la respuesta tardía del gobierno. “No es solo un problema del Ministerio de la Mujer, sino una crisis estructural que atraviesa a todo el Estado. La violencia en las calles se traduce en violencia en los hogares, y cada día sin medidas efectivas significa más vidas perdidas”, advirtió.
Finalmente, la legisladora instó a que este tema sea tratado con la seriedad que merece y no se limite a discursos simbólicos en fechas conmemorativas. “No podemos seguir permitiendo que las mujeres mueran sin respuesta. Exigimos transparencia, acciones concretas y que la lucha contra la violencia de género sea una prioridad real para el Estado”, concluyó.