Ante el despido de 5 mil empleados públicos por parte del Gobierno de Daniel Noboa, la Confederación de Servidores Públicos (Conasep), la Unión Nacional de Educadores y las centrales sindicales, anuncian medidas de protesta.
La Conasep presentará una demanda a la Ley Organica Integral sobre las reformas de la Losep y del reglamento general. Anuncia la realización de conversatorios «para dar a conocer las consecuencias, salidas técnico y legales a los despidos, y movilizaciones para defender nuestros derechos».
“A prepararnos para empezar jornadas de lucha por la defensa de nuestros derechos y nuestras familias, las movilizaciones las realizaremos para hacer sentir al gobierno nacional que nosotros somos ecuatorianos de bien y no estamos a favor de sus atropellos y dictaduras en contra de nuestro pueblo”, señala un comunicado.
La comunicación agrega: “Hoy son 5.000 familias, pero el Fondo Monetario Internacional ha pedido que hasta el 2029 deban salir 70.000 servidores públicos como sea, ya nos pondrán otros pretextos como evaluaciones y persecución”.
Cuestionan que los despidos se realizaron sin estudios técnicos, “para poner en su lugar a otros 5.000 personas afines al gobierno nacional, crece el desempleo, crece la inseguridad, la caja fiscal está en crisis y no hay para pagar a los compañeros de los Gads y a los proveedores del Estado, no hay medicinas, no hay especialistas, no hay profesores, quieren tapar su ineficiencia”, insiste la Conasep.
Organizaciones sindicales anuncian acciones
Las centrales sindicales del FUT: CEDOCUT, CEOSL, UGTE, FETMYP, UNE, FENOGOPRE expresa su profunda preocupación ante los más de 5 mil despidos en el sector público, cifra que no para de crecer. Llamamos a la unidad del pueblo ecuatoriano para defender en las calles los derechos, el trabajo y los servicios públicos, indica elcomunicado.
“Lo denunciamos con firmeza: esto no es eficiencia, es violación a los derechos laborales. No existe información técnica, ni una ruta clara sobre cómo pretenden unificar instituciones que no comparten ni funciones, ni objetivos, ni lógica operativa”, señala.
¿Cómo puede fusionarse el Ministerio de Ambiente con Energía y Minería, cuando justamente deben controlarse mutuamente? ¿Cómo pasamos de proteger áreas naturales a entregarlas a proyectos extractivos sin regulación?, preguntan, tras agregar que «engañan al pueblo diciendo que depuran el mal servicio, cuando lo que hacen es privatizar por debajo de la mesa».
La Senescyt desaparece como tal, las universidades pierden autonomía; el Ministerio de la Mujer se disuelve en el de Gobierno, institucionalizando la impunidad; y la política de vivienda, ya precaria, queda a merced del cemento y el asfalto, el deporte como prioridad en la política pública sigue siendo relegado a un segundo plano, al absolverlo un ministerio que no se ocupa ni de sus competencias actuales, indica la nota de prensa. (Foto Archivo).