La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, aprobada por la Asamblea Nacional es una normativa que impulsa la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Este nuevo organismo tendrá como objetivo modernizar, profesionalizar y garantizar la gestión técnica, financiera y legal de los ecosistemas estratégicos del país.
La aprobación de esta normativa fue calificada como histórica por el presidente del Legislativo, Niels Olsen: “Esta ley no es un simple trámite legislativo, es un acto de amor por el país. Con la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Ecuador dice nunca más al abandono institucional, nunca más a un guardaparque sin respaldo, y nunca más a una comunidad que pide ayuda y solo recibe papeles. Es el momento de actuar con inteligencia, urgencia y corazón.”
El presidente Daniel Noboa destacó: “Ecuador está demostrando que proteger el medio ambiente no es una opción, sino una obligación. Esta ley consolida nuestro compromiso con la naturaleza, con nuestras comunidades y con el planeta. Esperamos que esta acción inspire a otros países a fortalecer sus marcos legales para la conservación de la biodiversidad.”
Con esta legislación, se consolida un modelo de gobernanza ambiental que permitirá enfrentar con mayor eficacia amenazas como la minería ilegal, la deforestación, la fragilidad operativa y la escasa sostenibilidad financiera de las áreas protegidas. El SNAP contará con autonomía técnica y financiera, y podrá administrar directamente recursos provenientes de fondos nacionales e internacionales, donaciones y otras fuentes legítimas.
De su lado, el director de WWF Ecuador, Tarsicio Granizo, representante del sectro técnico y conservacionista expresó: «Una ley que, debidamente fortalecida, representará un antes y un después para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y para las comunidades que habitan en y alrededor de estos territorios de vida.»
Asimismo, la ley establece la creación de carreras técnicas para la profesionalización de los guardaparques, una demanda histórica del sector. Para Juan Esteban Rivadeneira, representante de la Asociación de Guardaparques del Ecuador: «Después de años de abandono, por fin se da un paso firme para cambiar la realidad dolorosa y la fragilidad institucional. Esta es la oportunidad de realizar un cambio profundo con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una institución especializada, pero también autónoma.»
El nuevo marco normativo también ratifica los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, incluyendo el respeto a la consulta previa, libre e informada. Además, prohíbe expresamente la privatización de áreas protegidas y limita las actividades turísticas a zonas de uso público y recreativo.
Desde la sociedad civil, la conservacionista ecuatoriana y presidenta del Directorio de la Fundación Charles Darwin, Yolanda Kakabadse, sostuvo: «Esta ley es una gran oportunidad para que Ecuador reafirme su liderazgo ambiental. Un marco legal moderno, profesional y con controles claros, permitirá no solo conservar, sino también fortalecer la relación entre naturaleza y sociedad».