En febrero de 2018, la Unión de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi Residentes en Quito- Ecuador (UNORIC) adquirió mediante una subasta pública al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) la propiedad de aproximadamente 176 hectáreas, en US $7.600,000.
Dicho predio se encuentra ubicado en la parroquia de Cutuglagua, en el cantón Mejía y su categoría de ordenamiento de territorio es de fin agrícola-productivo y ganadero. El Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) impulsado por la Alcaldía de Mejía, ha permitido regular las actividades que contaminan y dañan el ecosistema, entre las que constan las construcciones agresivas.
Sin embargo, el Municipio de Mejía asegura que “la UNORIC, que agrupa en la actualidad a 6.500 socios de 20 asociaciones, lleva a cabo el proyecto de la “Ciudad de Interculturalidad y Plurinacionalidad de Los Pueblos y Comunidades Indígenas del Ecuador”, que planea vender terrenos a cerca de 7.000 familias. Un fraccionamiento de tierra que pone en riesgo a los mejienses, en especial a los pobladores la parroquia de Cutuglagua”.
“Pueden hacer una actividad agrícola, pueden sembrar, pero no pueden fraccionar, abrir calles, peor construir en este sector”, destacó el alcalde de Mejía, Roberto Hidalgo, quien durante su gestión no ha regularizado el proyecto de construcción de la organización indígena y en varias ocasiones ha clausurado la obra.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por parte de la autoridad municipal, la construcción de viviendas y la apertura de caminos en dicho predio, continúan. Una acción que, en un futuro puede representar verdaderos problemas por el asentamiento ilegal de personas, tales como la falta de servicios básicos, mal uso del suelo, contaminación del aire, agua y hasta deslizamientos de tierra, señala el comunicado.
Con todos esos antecedentes el Burgomaestre del cantón Mejía ha sido muy claro en su actuar “no dejar que se fraccione territorio, donde todavía no hay agua potable”.
Incluso, dentro de la misma UNORIC existen varias asociaciones que han denunciado públicamente haber comprado los lotes de terreno al presidente de la organización, Orlando Tipán, sin embargo, aún no habrían recibido oficialmente los terrenos, por lo que podría tratarse incluso de un problema de tráfico ilícito de tierras, situación que aumentaría el número de perjudicados por parte de la organización indígena.
“Durante los últimos 32 años, autoridades municipales, concejales y hasta alcaldes se han prestado para estos fraccionamientos de tierra, pero durante la gestión del alcalde Roberto Hidalgo se ha puesto un alto a estas acciones que han perjudicado a todos los mejienses, lo que ha causado el malestar de ciertos actores políticos y organizaciones”, insiste la comunicación.
Otra problemática similar vive la parroquia de Uyumbicho, donde Inmobiliar planea la venta de 216 hectáreas del Bosque Protector Santa Catalina, sitio que desde 2011 consta como área protegida. Este espacio verde, importante para el cantón Mejía, planea ser vendido por el monto de USD 1,6 millones a la Asociación de Desarrollo Integral Plurinacional (Ayllupura), quien busca el fraccionamiento del terreno en lotes de hasta 200 metros cuadrados para la construcción de viviendas. Terminando así con la flora y fauna endémica del lugar y extinguiendo un importante pulmón del cantón Mejía.
Zorros, cuchuchos y zarigüeyas, además de vestigios del Señorío de Uyumbicho y El camino del Inca, que constituyen un verdadero patrimonio nacional, están en riesgo, por lo que los pobladores y las autoridades municipales interpusieron una Acción de Protección, la misma que desde 2021, reposa en la Corte Provincial de Pichincha.
Expertos en el uso del suelo aseveran que la construcción de viviendas en el bosque puede traer graves problemas, como lo que sucedió en febrero de 2022, en el sector de La Gasca y La Comuna, en Quito, donde se produjo un gran aluvión que cobró la vida de más de 27 personas. Un hecho que se busca no se replique en el cantón mejiense, ni en ningún territorio ecuatoriano.
Como parte de las acciones para evitar que el Bosque Protector Santa Catalina sea vendido y fraccionado, se creó una petición en change.org, la misma que planea reunir al menos 5.000 firmas para que este pedido llegue a mano de las autoridades gubernamentales.
De igual forma, en sus informes técnicos, los ministerios de Defensa, Ambiente, Turismo y Cultura coinciden en que el mal uso de tierras en Mejía, específicamente en el predio de la UNORIC y en el Bosque Protector Santa Catalina representarían un grave problema para el cantón, por lo que el Gobierno Central no debe contradecir las recomendaciones de estas carteras de Estado.
Estas sugerencias resultan estratégicas para el desarrollo de Mejía, para la prevención de riesgos socioambientales, sobre todo para precautelar la seguridad nacional y mitigar la probabilidad de que estos predios sirvan de trinchera estratégica para paralizar la Nación.
EL FRACCIONAMIENTO DE TIERRA Y LA VENTA DEL BOSQUE PROTEGIDO DE SANTA CATALINA
La tarde del jueves 11 de agosto de 2022, un equipo de la Alcaldía de Mejía acompañó al comisario de Construcciones, Ricardo Vizuete, en una nueva inspección en el predio de UNORIC, ubicado en la parroquia de Cutuglagua, del cantón Mejía.
Durante el recorrido, se evidenció el mal uso del espacio, pues con maquinaria se han abierto caminos y construido casas sin las autorizaciones municipales correspondientes. Una acción que genera malestar entre los mejienses, quienes piden que se respeten las áreas verdes del cantón.
El Comisario de Construcciones clausuró además los trabajos que se llevaban a cabo y ordenó el retiro inmediato de la maquinaria. Durante su gestión, el alcalde de Mejía, Roberto Hidalgo, ha luchado incesantemente contra el tráfico de tierras, por lo que solicita al Gobierno de turno tomar acciones inmediatas.
A pesar que en semanas pasadas, las autoridades locales colocaron sellos de clausura en el predio, los trabajos continúan, lo que representa un verdadero desacato a las normativas ecuatorianas.
MOVILIZACIÓN PACÍFICA EN DEFENSA DE LAS ÁREAS VERDES DE MEJÍA
En búsqueda de que el país entero se informe sobre el mal uso del suelo por parte de la UNORIC y el intento de venta del Bosque Protector Santa Catalina, moradores de la zona, autoridades municipales, operadores territoriales y ciudadanía en general participarán este sábado 20 de agosto de 2022, desde las 09h30, en una marcha pacífica sobre la avenida Simón Bolívar, en la curva de Santa Rosa.
Además, con la finalidad de que los ecuatorianos conozcan la compleja realidad que afronta el cantón Mejía, debido al fraccionamiento de tierras, el alcalde Roberto Hidalgo convocó a una Sesión de Consejo que se desarrollará desde las inmediaciones del Bosque Protector Santa Catalina, en Uyumbicho.
POSICIÓN DE LA UNORIC
Raúl Orlando Tipán, presidente del Territorio Indígena de los Pueblos y Nacionalidades de la Unión de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi Residentes en Quito-Ecuador (UNORIC R.Q.E), manifiesta que la organización permanece en resistencia y lucha constante frente a la negativa de la Administración Municipal de Mejía para responder a sus pedidos, pese que el territorio está debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Mejía y fue adquirido legalmente el 12 de febrero de 2019 por compra en un subasta pública al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIAR).
Explica que UNORIC R.Q.E. es una organización conformada por grupos y organizaciones indígenas residentes en Quito; empezó con migrantes indígenas de Cotopaxi y luego se amplió a otros pueblos y nacionalidades. Después de varias gestiones, lograron comprar un extenso territorio entre el cantón Quito y cantón Mejía. En este lugar, la organización indígena está implementando el Proyecto de la Ciudad de Interculturalidad y Plurinacionalidad de Los Pueblos y Comunidades Indígenas del Ecuador, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación.
Asegura que para lograrlo, las y los habitantes de la organización realizan mingas comunitarias de limpieza semanalmente, las cuales, según el dirigente indígena, las realizan “cumpliendo siempre con el distanciamiento social, así como las disposiciones emitidas por el COE Nacional y Cantón”. (I)