Cientos de trabajadores recorrieron las calles de Guayaquil hasta llegar a la Gobernación del Guayas. Señalan que hombres y mujeres, padres y madres de familia, se encuentran en una situación desesperada. Una sentencia de la Corte Constitucional obliga a CNEL a devolver USD 79 millones en un plazo de 36 meses.
“La reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas es el camino hacia un alivio financiero que puede devolver la tranquilidad a estas familias. Esta reforma no es solo un cambio legal, es un acto de humanidad, una oportunidad para demostrar que el Gobierno está del lado de su gente” dijo el representante de los trabajadores de la Unidad de Negocios de Guayaquil Gastón Fajardo.
Con varias consignas solicitaron al Gobernador que, con urgencia, canalice este proyecto a través de la Asamblea Nacional, que haga eco de este llamado en cada asambleísta, que juntos construyan una solución que devuelva la esperanza a quienes más lo necesitan.
Puntos solicitados
Derecho a la Negociación Colectiva: La propuesta busca reformar la LOEP para asegurar que los servidores públicos de carrera, que desempeñan sus labores como empleados, obreros y técnicos en las empresas públicas, tengan garantizado su derecho a la negociación y contratación colectiva, tal como lo establece el artículo 326.12 de la Constitución y convenios internacionales ratificados por Ecuador.
Remisión de Deuda para Trabajadores de CNEL EP: Ante la difícil situación económica que atraviesan trabajadores de CNEL EP, afectados por la Sentencia No. 1788-24-EP-25 de la Corte Constitucional, la propuesta plantea una remisión de deuda por única vez. Se argumenta que estos trabajadores recibieron de buena fe reparaciones económicas, y que obligarlos a devolverlas sin considerar su realidad social y familiar constituye un trabajo forzoso y vulnera su derecho a la seguridad jurídica.
Consideraciones Sociales y Humanitarias: La propuesta subraya la importancia de que la legislación tome en cuenta las realidades sociales que afectan a los trabajadores y sus familias. Se destaca que la Asamblea Nacional, como representante de la soberanía popular, tiene la potestad de desarrollar el contenido material de los derechos humanos, observando estas realidades.
Justicia y Equidad: Los trabajadores argumentan que fueron beneficiarios de derechos legítimos, basados en la ejecución de una sentencia constitucional, y que no deben ser perjudicados por la aplicación retroactiva de una nueva interpretación legal.