El Concejo Metropolitano aprobó la ordenanza para controlar y mejorar la calidad del servicio de transporte público en Quito. La norma condiciona la modificación de la tarifa al cumplimiento de estándares de calidad y tecnología por parte de los transportistas.
«Los transportistas no recibirán un solo centavo si no hacen los cambios que planteamos. Deben demostrar que cumplieron con los compromisos”, puntualizó el alcalde de Quito. A diferencia de intentos anteriores, esta ordenanza pone plazos concretos y verificables a la implementación tecnológica del transporte :
SAE-Sistema de Ayuda a la Explotación (seguimiento en tiempo real de las unidades): hasta el 31 de diciembre de 2026.
SIU – Sistema de Información al Usuario (información al usuario sobre llegada de buses): hasta el 31 de diciembre de 2026.
SIR – Sistema Integrado de Recaudo (sistema integrado de pago): máximo 8 meses desde la aprobación de la ordenanza.
Asimismo, Joselyn Mayorga, concejala, señaló que si no hay control, tecnología y calidad comprobada en el servicio, no habrá pago de transferencia de recursos no reembolsables ni variación de tarifa. «Los recursos se entregarán únicamente si los operadores cumplen con requisitos verificables mes a mes.»
La ordenanza pone tiempos concretos a la implementación tecnológica del transporte a través del SAE, el SIU y el SIR. Con estas herramientas, el Municipio tendrá información real y mayor capacidad de control sobre cómo opera el servicio. La ordenanza fija las reglas, pone fechas ciertas y establece sanciones exigibles para quien no cumpla.
Refuerzo de controles
El Municipio de Quito ha reforzado los controles permanentes al transporte público durante 2026, con operativos sostenidos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) a todo el sistema, y fiscalización semanal de rutas por parte de la Secretaría de Movilidad. Estas intervenciones continuarán y se reforzarán.
Entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de 2026, la AMT realizó 1.439 operativos al transporte público en distintos puntos de Quito. La Secretaría de Movilidad fiscaliza semanalmente 42 rutas: 24 del corredor Sur Occidental y 18 del corredor Central Norte.
Gabriela Condo, representante de Silla Vacía, señaló que lo que está en debate va más allá del costo: «El transporte público debe garantizar derechos para todos, ofreciendo una tarifa justa que sirva como un pacto de convivencia y desarrollo.» Añadió que aprobar esta ordenanza es dar un paso firme hacia un Quito más seguro, equitativo y responsable.
La ordenanza se construyó en 13 mesas ciudadanas y siete sesiones de comisión, recogiendo opiniones y necesidades de distintos sectores de la ciudad.
¿Qué pasará en 2026 con el transporte en otras ciudades del país?
Las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional respecto al subsidio al diésel generaron impactos directos sobre el sistema de transporte en todo el país. En Manta y Portoviejo, el pasaje pasó de USD 0,40 a 0,50. Mientras que Guayaquil parte de USD 0,30 y ya tiene aprobado un esquema que puede llegar hasta USD 0,50. La Agencia Nacional de Tránsito subió en 25 % las tarifas del transporte intra e interprovincial.
La ordenanza en Quito plantea un mecanismo de transferencia de recursos no reembolsables temporal que aplica hasta el 31 de diciembre de 2026, que también está sujeto al cumplimiento de requisitos mensuales pre establecidos.