El alcalde de Pabel Muñoz alertó este jueves sobre los efectos “preocupantes” de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) en la gestión municipal, al sostener que podrían afectar la ejecución de obras, los servicios sociales y la capacidad de inversión de la capital ecuatoriana.
Durante una rueda de prensa, el burgomaestre cuestionó la lógica de los cambios legales, que —según afirmó— responden a un “desconocimiento de la gestión pública” o a decisiones deliberadas que limitan la acción de los municipios. “No les encuentro sentido”, dijo, al advertir que ciertas disposiciones obligan a reclasificar inversiones como gasto corriente, lo que impediría cumplir con la normativa fiscal vigente.
Muñoz insistió en que estas restricciones comprometen áreas sensibles como cultura, salud, desarrollo social y programas comunitarios, y no descartó impactos directos en proyectos emblemáticos de la ciudad.
En ese contexto, defendió el modelo de gestión de su administración, basado en cuatro ejes: conceptual, operativo, comunicacional y político. Dentro del primero, destacó la adopción del enfoque de “ciudades de proximidad” —o “ciudades de 15 minutos”— como guía para la planificación urbana, con el objetivo de acercar servicios esenciales a los ciudadanos y reducir tiempos de desplazamiento.
En el plano de la gestión, el alcalde subrayó que se ejecutan obras en todas las parroquias del Distrito Metropolitano, incluidas zonas rurales históricamente relegadas. Según datos presentados, el Municipio ha impulsado miles de intervenciones, muchas de ellas financiadas mediante presupuestos participativos.
El alcalde también reconoció dificultades en la ejecución presupuestaria, al señalar que procesos contractuales se han caído, lo que ha limitado el ritmo de inversión. “Si las condiciones se mantienen, podríamos cerrar el periodo con niveles de inversión inferiores a los esperados”, advirtió.
En materia de movilidad, defendió el desempeño del Metro de Quito, que —aseguró— ha superado los 28 millones de viajes desde su entrada en operación en diciembre de 2023. No obstante, admitió retos pendientes en el mantenimiento y en la estructuración de contratos a largo plazo.
Asimismo, anunció que el Municipio centrará su atención en el transporte público convencional a partir de mayo, con miras a mejorar la calidad del servicio y evaluar mecanismos de compensación ante el aumento de costos operativos. En ese ámbito, no descartó ajustes graduales en tarifas, aunque recalcó que deben ser “socialmente sostenibles”.
Sobre el sistema integrado de recaudo, indicó que ya se encuentra en fase avanzada de implementación y permitirá contar con datos precisos sobre la movilidad, lo que facilitará futuras decisiones técnicas.
En el eje ambiental, el alcalde resaltó proyectos como la ampliación del complejo de tratamiento de residuos y el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales, consideradas clave para el futuro de la ciudad. Sin embargo, advirtió que algunos de estos planes también podrían verse afectados por las reformas legales en discusión.
Muñoz también cuestionó propuestas desde el ámbito nacional para revertir competencias municipales en tránsito, al considerar que la gestión local es más eficiente por su cercanía con la ciudadanía.
Finalmente, reiteró su llamado a la Corte Constitucional para que analice la constitucionalidad de las reformas al COOTAD, al tiempo que defendió la necesidad de mantener la autonomía municipal para garantizar servicios y ejecutar proyectos estratégicos.
“El conjunto de las obras y su articulación territorial es lo que nos permite afirmar que hay un proyecto de ciudad”, concluyó.
Por: Francisco Racines