• Estos establecimientos promocionaban sus servicios a través de internet y redes sociales.
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) del Municipio de Quito, en coordinación con la Policía Nacional, durante este 2026 ejecutó operativos de inspección y clausura en 32 casas de citas clandestinas que funcionaban de manera irregular. Las intervenciones más recientes se realizaron en Iñaquito, La Florida y Conocoto.
Durante las inspecciones se identificaron irregularidades que evidencian la gravedad de las condiciones en las que operaban estos lugares. Entre los hallazgos se registró la presencia de menores de edad, personas que presuntamente permanecían retenidas contra su voluntad, condiciones de extrema insalubridad y la ausencia de los permisos municipales de funcionamiento.
Los establecimientos se ofrecían en plataformas digitales con la frase: «servicios completos», con tarifas que oscilaban entre los USD 10 y USD 50. En el interior de las viviendas se encontraron habitaciones en malas condiciones de higiene. También se encontró a un adulto mayor postrado en cama y dependiente de oxígeno, mientras que las habitaciones contiguas eran utilizadas para el ejercicio de la prostitución.
El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, informó que «las clausuras responden a diferentes incumplimientos, como la falta de permisos de funcionamiento, el incumplimiento de las normas técnicas de seguridad contra incendios y el ejercicio de actividades al margen de la normativa vigente».
Sanciones
De acuerdo con el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, los establecimientos que desarrollan actividades de categoría III sin cumplir la normativa vigente pueden enfrentar sanciones de hasta 15 salarios básicos unificados, equivalentes a más de USD 7.000, además de la clausura del establecimiento.
El Municipio de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Control, mantendrá de manera permanente los operativos de inspección y control en este tipo de establecimientos. Estas acciones buscan prevenir que inmuebles que operan al margen de la ley se conviertan en espacios propicios para la comisión de otros delitos, afecten la seguridad ciudadana y pongan en riesgo la integridad de las personas.