El informe mantiene tensiones bioéticas sobre la criopreservación de embriones, protección a la familia, y la conveniencia de las técnicas de reproducción asistida. Dignidad y derecho pide un debate informado y con enfoque de derechos.
La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley de Reproducción Humana Asistida, presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia 184-18-SEP-CC de la Corte Constitucional, que exige una regulación acorde con los principios constitucionales.
El informe recoge aportes significativos de organizaciones especializadas, como Dignidad y derecho, pero aún mantiene puntos críticos de debate público. Entre ellos, la autorización de técnicas de reproducción asistida como la donación de gametos, fecundación in vitro y la inseminación artificial, sin la debida consideración de los riesgos para la salud pública y el interés superior del menor, así como la aprobación de la criopreservación de embriones, lo que genera preocupaciones éticas y médicas sobre la protección de la vida.
Uno de los temas más sensibles gira en torno a la falta de control sobre la idoneidad de las personas para acceder a las técnicas de reproducción asistida, que —según algunos sectores— podría representar un vacío en la legislación sobre adopciones y el principio del interés superior del niño.
No obstante, el documento también recoge avances significativos: por primera vez se incluye la prohibición expresa de la maternidad subrogada, en línea con las recomendaciones internacionales de protección de mujeres y menores frente a potenciales formas de explotación reproductiva.
“El país necesita un debate informado, que combine la mirada científica, legal y ética. La ley debe ofrecer garantías tanto a las familias que buscan soluciones médicas para la infertilidad como a la sociedad que exige transparencia y respeto a los principios constitucionales”, afirmó Víctor Manuel Valle, vicepresidente de Dignidad y derecho.
La propuesta será debatida en el pleno de la Asamblea Nacional en las próximas semanas. Se espera que el diálogo parlamentario incorpore observaciones de expertos en bioética, salud reproductiva y derechos de la niñez, consolidando un marco normativo moderno y responsable.
Puntos jurídicos y bioéticos que mantienen la alarma
La Fundación Dignidad y Derecho identifica cuatro puntos neurálgicos en el informe aprobado que requieren una urgente revisión y debate en la Asamblea Nacional:
1. «Voluntad Procreacional» en la paternidad: Se introduce este principio como la base para determinar la filiación (quién es el padre o la madre). Esta figura desnaturaliza el marco jurídico vigente sobre paternidad y maternidad, basando la relación parental en la intención inicial y no en el vínculo biológico o legal establecido. Esta situación es incompatible con el principio del interés superior del niño, al debilitar la seguridad jurídica sobre la identidad y derechos del menor.
2. Reconocimiento de la familia sin límites: No se establecen parámetros claros sobre las personas que pueden acceder a las técnicas de reproducción asistida. El proyecto de ley elude todo el procedimiento y control que el régimen de adopciones exige respecto de la idoneidad de quienes asumen la crianza. En la práctica, esto implica vulnerar el derecho de los niños a una familia conforme lo reconoce la Constitución.
3. Autorización de técnicas con riesgos a la salud pública: El proyecto autoriza la fecundación in vitro, la donación de gametos y la criopreservación de embriones sin atender las serias advertencias de expertos médicos y bioéticos presentadas a la propia Comisión. Estas advertencias se centran en los riesgos para la salud pública, en particular para la salud a largo plazo de los niños nacidos bajo estas técnicas.
4. Desestimación de alternativas médicas menos invasivas: El informe no incorpora un análisis serio ni la consideración de alternativas más seguras y menos costosas para el tratamiento de la infertilidad, como la medicina restaurativa y la naprotecnología. Estas opciones fueron expuestas ante la Comisión como vías menos invasivas y con ausencia de riesgos graves para la salud pública.