Juan Pablo V. Ch. y Fabián Arturo C. D. fueron sentenciados a treinta y cuatro años y ocho meses de privación de la libertad, como autores directos del delito de robo con resultado de muerte.
Al finalizar la audiencia de juzgamiento, el Tribunal de Garantías Penales también impuso una multa equivalente a 1.000 salarios básicos unificados y fijó una reparación integral de 30.000 dólares a favor de los familiares de la víctima. Ambos rubros deberán ser cancelados por los sentenciados. Además, dispuso que la Red Pública Integral de Salud brinde atención psicológica a todos los integrantes de la familia de la afectada.
Con base en las pruebas presentadas en la audiencia de juicio, que concluyó la madrugada de 6 de noviembre de 2026, el Fiscal del caso demostró la responsabilidad penal de los dos procesados en los hechos que terminaron con la vida de una funcionaria del Centro de Salud de Guamaní, en Quito.
La investigación de Fiscalía determinó que, la noche del 12 de diciembre de 2025, los ahora sentenciados llegaron al domicilio de la víctima, ubicado en el sector de El Conde, en el sur de Quito. Con el propósito de sustraer su vehículo, ingresaron al inmueble y, durante el robo, la asfixiaron.
Luego, colocaron el cuerpo en un saco de yute y lo trasladaron en el vehículo sustraído. Finalmente, abandonaron el cadáver en el kilómetro 20 de la vía Alóag-Santo Domingo.
El 14 de diciembre de 2025, el hermano de la víctima denunció su desaparición, luego de varios días sin tener noticias de ella. Al acudir al domicilio, uno de sus hijos encontró desorden en el inmueble y constató que el vehículo de su madre tampoco estaba.
A partir de la denuncia, Fiscalía, en coordinación con la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased), ejecutó varias diligencias para establecer su paradero. Entre ellas constan verificaciones en distintos sectores, revisión de cámaras de seguridad y análisis de información telefónica.
Estos elementos permitieron identificar a los ahora sentenciados y reconstruir sus desplazamientos antes y después del crimen. Las investigaciones establecieron que, luego de abandonar el cuerpo, ambos se trasladaron a Montecristi, provincia de Manabí, para vender del automotor sustraído y retirar dinero de las cuentas de la víctima. Sin embargo, fueron detenidos en ese cantón gracias a las interceptaciones telefónicas.
La información proporcionada por Fabián Arturo C. D. permitió localizar el cuerpo de la mujer de 43 años, el 20 de diciembre de 2025. Inicialmente, Fiscalía formuló cargos por desaparición involuntaria; luego, cambió el tipo penal a robo con resultado de muerte, delito por el que obtuvo la sentencia condenatoria.
Información jurídica
El delito de robo con resultado de muerte está tipificado y sancionado en el último inciso del artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).