Durante 2025, Ecuador registró 20.286 siniestros de tránsito, que dejaron 17.932 personas lesionadas y 2.354 fallecidos en sitio, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). En este contexto, los motociclistas se consolidan como uno de los grupos más vulnerables en las vías del país.
Las cifras evidencian un impacto desproporcionado: las motocicletas estuvieron involucradas en cerca del 23% de los siniestros, representaron el 29% de las personas lesionadas y concentraron el 32,5% de los fallecidos en sitio. Es decir, uno de cada tres fallecidos en siniestros viales era motociclista.
Este escenario se agrava con el crecimiento del parque de motocicletas, que ya supera los 2,2 millones de unidades en el país, según la Cámara de la Industria Automotriz, lo que incrementa la exposición al riesgo. No obstante, especialistas coinciden en que el uso de cascos certificados es uno de los factores más determinantes para reducir la gravedad de las lesiones en caso de siniestro.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un casco homologado puede reducir hasta en un 80% el riesgo de lesiones graves en la cabeza y en un 40% la probabilidad de muerte en caso de siniestro. En contraste, los cascos no certificados pueden fallar durante el impacto y agravar las lesiones.
Un mercado con baja regulación efectiva
Una investigación de la Fundación Movidana, basada en declaraciones aduaneras, revela una situación crítica. Entre 2020 y 2024 se importaron en promedio más de 425.000 cascos al año. Sin embargo, en 2024, de aproximadamente 394.000 cascos importados, apenas el 0,6% se registraron como homologados.
“Esta situación se produce en un contexto donde el precio no constituye necesariamente una barrera, como suele creerse. Estudios de mercado muestran que es posible encontrar cascos homologados desde los 30 dólares en el país. Esto evidencia problemas estructurales como la falta de control, la comercialización informal, el desconocimiento ciudadano y, sobre todo, vacíos normativos que permiten la circulación masiva de cascos no certificados sin sanción efectiva”, señaló Paola Carvajal, directora de Fundación Movidana.
Un casco homologado es aquel que cumple con estándares técnicos de seguridad certificados por normas internacionales o nacionales, lo que garantiza que ha sido sometido a pruebas de resistencia, absorción de impacto y calidad de materiales.
Para Carvajal, en este contexto, se plantea la necesidad de adoptar medidas inmediatas como: incorporar sanciones a importadores que ingresen cascos no certificados o falsifiquen homologaciones; fortalecer los controles aduaneros en coordinación con el SENAE; e implementar controles de mercado desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.
Campaña para informar y prevenir
Frente a este escenario, Fundación Movidana impulsa la campaña “Sello o Nada”, orientada a promover el uso de cascos homologados y a fortalecer la capacidad de los motociclistas para identificar productos certificados.
La iniciativa contempla la difusión de contenido informativo en canales digitales, así como capacitaciones gratuitas dirigidas a empresas que emplean motociclistas en sectores como reparto, mensajería y logística. Estas sesiones, de 30 minutos, se realizarán durante mayo y junio en Quito, Guayaquil y Cuenca, con el objetivo de alcanzar al menos 1.000 conductores. Fuente:Fundación Ciudadana de Movilidad y Seguridad Vial.