El alcalde de Quito, Pabel Muñoz defendió la transparencia en el proceso de compra y renovación de 60 trolebuses eléctricos por medio de un acuerdo internacional con Naciones Unidas, tras comparecer a la Fiscalía General del Estado.
Muñoz señaló que la comparecencia, libre y voluntaria, se realizó con el objetivo de transparentar la participación del Municipio de Quito en el marco de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas, un mecanismo respaldado por la Constitución y los tratados internacionales vigentes. “Esto me parece un bochorno internacional”, aseveró.
Destacó que la adquisición de los trolebuses forma parte de un proyecto más amplio de modernización del transporte público, que ya muestra resultados concretos: más de 25 millones de viajes, un ahorro superior a USD 6 millones y una mejora significativa en la eficiencia operativa, que pasó de alrededor del 55 % al 95 %.
El abogado defensor, Carlos Soria, señaló que, a su criterio, la Contraloría no ha logrado sustentar la existencia de indicios de responsabilidad penal. Explicó que la participación de organismos como Naciones Unidas responde a procesos especializados en la implementación de proyectos, como el de movilidad sostenible en Quito, que incluye la adquisición de trolebuses con especificaciones técnicas adaptadas a la ciudad. En ese contexto, sostuvo que, una vez presentada la documentación correspondiente por parte de las entidades involucradas, la Fiscalía contará con los elementos necesarios para archivar la investigación.
Datos:
• El objetivo principal del acuerdo era la modernización del transporte para poder mejorar la experiencia del usuario y la sostenibilidad ambiental. Después de 30 años, muchos de los trolebuses ya no utilizaban la electricidad para su funcionamiento.
• La compra priorizó la mejor oferta. Ecuador es un aliado de La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con la que otras entidades han realizado acuerdos. Con la UNOPS el ahorro por cada unidad fue de USD 27.784, a ello se suman los beneficios de asistencia técnica internacional, certificación de talleres y un programa de capacitación de dos años para garantizar la vida útil de los vehículos.
• Desde la puesta en marcha de la flota y hasta 2026, se proyecta un ahorro acumulado de USD 6 millones en combustible para la ciudad.
• Su operación evita la emisión de 8.640 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año, un impacto ambiental equivalente a sembrar 400 mil árboles anualmente o 4 mil vehículos livianos sin circular.