La bancada del partido Izquierda Democrática se reunió la noche de este martes 9 de noviembre de 2021, en el Palacio de Carondelet, con el Presidente Guillermo Lasso, a quien le plantearon observaciones a la Ley Económica Urgente, la Proforma Presupuestaria 2022 y al incremento en el precio de los combustibles.
Adicionalmente, entregaron al Primer Mandatario una propuesta del partido naranja, que contiene varios ejes temáticos. “Respetamos la democracia y la institucionalidad para la construcción de Agendas Nacionales que permitan el desarrollo económico del país”, afirma Guillermo Herrera Villarreal, Presidente Nacional Izquierda Democrática.
Antecedentes
El documento señala que, Izquierda Democrática, un Partido Nacional con décadas de trabajo en pro de la democracia y la institucionalidad en el país, tiene como mayor legado la transparencia, honestidad y ética en el ejercicio público. Su misión es logar la justicia social en el marco del ejercicio pleno de las libertades, superar la pobreza y las inequidades, garantizando que el bienestar sea de todos, sin diferencias ni brechas estructurales. Buscamos un país con instituciones sólidas y en las cuales la ciudadanía deposite su confianza, con la participación en la toma de decisiones y la innovación como base de todas las acciones, lejos de políticas radicales y de confrontación. Nos definimos como un partido feminista, ambientalista, innovador, brazo político y plataforma de las causas sociales del país.
Desde su refundación en 2016, Izquierda Democrática ha presentado dos programas de gobierno construidos desde un enfoque basado en derechos humanos y que además han sido reconocidos por instancias internacionales como Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, como instrumentos plenamente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una visión de largo plazo al 2030, una agenda ambiental adaptada al cambio climático global y una visión inclusiva de grupos históricamente excluidos; así como de empoderamiento femenino. Estos instrumentos, que fueron construidos técnicamente con amplios espacios de diálogo y participación en todo el país, están a disposición del Gobierno Nacional para ayudar a enrumbar la política pública y generar un compromiso generalizado en pro del desarrollo equitativo de la sociedad ecuatoriana.
Ahora el país enfrenta graves desafíos que son, en buena medida, desenlace de (des)gobiernos de corte populista, cortoplacista y una muy desordenada visión de desarrollo basada en la confrontación social. El manejo irresponsable de las finanzas públicas, el endeudamiento agresivo en medio de la mayor bonanza petrolera son; entre otros, los motivos de la crisis que ahora vivimos; sumado, por supuesto, al impacto global de la pandemia que ha puesto un freno al aparato productivo y al desarrollo integral.
Si bien la vacunación ante el COVID-19 ha sido un arranque exitoso para el Gobierno Nacional y un alivio para buena parte de la población, persisten aún serios problemas en el sector salud, sobre todo en cuanto a la provisión oportuna de medicinas para la población vulnerable y con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas. La pandemia nos dejó una gran enseñanza a nivel mundial y es que un sistema de salud pública fortalecido, eficiente y bien administrado es indispensable a la hora de prevenir miles de muertes. El gobierno anterior negoció infamemente con la salud y la vida de las personas con el reparto inhumano de hospitales a cambio de favores políticos. ¡Esto no puede repetirse jamás!
La seguridad social, como un elemento adicional de contingencia de la sociedad ante eventualidades como la pandemia, se ha visto duramente afectada; sin mencionar la desastrosa situación económica que viene heredando por varios años en que sus arcas fueron saqueadas, a pretexto de un supuesto superávit en su contabilidad que pregonaban los gobiernos anteriores y que llevaron a que los fondos de esta vital institución se conviertan en caja chica del Ejecutivo. El IESS, ISSFA e ISSPOL tienen un desequilibrio financiero que pone en una situación de emergencia todas sus operaciones y en virtual bancarrota, mendigando pagos atrasados y la devolución de los recursos prestados, que no le pertenecen al Estado sino a sus millones de afiliados, pensionistas y jubilados. Son más de USD 8.000 millones los que le debe el Estado al IESS, de los cuales más de USD 4.300 millones son solamente por concepto del seguro de salud.
En cuanto a la economía nacional, ésta tuvo un impacto negativo sin comparación a raíz de la pandemia (-7.8%), el más fuerte desde que se tienen datos históricos y superior aún al feriado bancario o las graves crisis económicas que hemos tenido que soportar como sociedad. Esto ha conducido a que el sector privado y la inversión pública se vean virtualmente paralizadas, lo que a su vez ha devenido en indicadores de desempleo y subempleo desastrosos. A la fecha apenas 3 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar tienen un empleo adecuado; sin embargo, lo que alarma profundamente es que el ingreso promedio de las mujeres en el Ecuador apenas alcanza los USD. $258 y el de los hombres los USD $300, lo cual no representa ni siquiera el 42% del valor de la Canasta Básica Familiar que a la fecha ronda los USD 712,85. Es decir, 3 de cada 10 ecuatorianos sobreviven y los otros 7 se las ingenian para no morir de hambre.
Ecuador es parte de la región más desigual del planeta, tal y como lo detallan el PNUD y la CEPAL. América Latina alberga varias de las fortunas más exorbitantes a nivel mundial, lo que contrasta con millones de personas empobrecidas. En el Ecuador casi 4 de cada 10 hogares viven con menos USD 2.8 al día y en el área rural esto crece a 5 de cada 10 ecuatorianos; mientras que una porción reducida de la sociedad acapara la riqueza y evade su responsabilidad con el Estado que le ha permitido generar esos ingresos. En el país 965 personas (accionistas de los grupos económicos del país) controlan USD 115.000 millones de dólares, de los cuales 236 reportan cero ingresos al Servicio de Rentas Internas.
Otro grave problema que vive el Ecuador y que tiene como génesis una variedad de factores estructurales como la pobreza y la exclusión, pero también la falta de política pública adecuada, es el incremento inaudito de los niveles de conflictividad e inseguridad ciudadana, llevándonos a ser testigos de los más cruentos crímenes en las cárceles y en las calles de todo el territorio nacional. No nos equivocamos al afirmar que el narcotráfico ha permeado las fronteras y campea libremente a lo largo y ancho de nuestras carreteras, puertos y aeropuertos. El temor que antes rondaba los hogares por la falta de vacunas, ahora inunda el Ecuador por el impacto que deja el sicariato, los secuestros, femicidios y robos sangrientos. La violencia se ha tomado el país y la respuesta no es armar a la sociedad o acrecentar las penas en un sistema de rehabilitación social que está en terapia intensiva.
Los homicidios en el Ecuador entre enero y agosto de 2021 se duplicaron respecto del año anterior, de los cuales el 80% se cometen con armas de fuego. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de la provincia del Guayas supera la del Estado de Sinaloa en México, conocido por los enfrentamientos cruentos entre carteles del narco. Es indispensable, ahora más que nunca, construir un pacto nacional entre diversos actores como el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, organizaciones políticas y la sociedad civil en general, que permita sumar esfuerzos por enfrentar un enemigo común para todos en la sociedad y que va mucho más allá del ámbito político.
El ejercicio del poder es una tarea ardua que demanda toda la atención y compromiso patriótico, no en vano ser Presidente de la República es el más alto honor y la mayor responsabilidad que un ecuatoriano puede tener; en tal sentido, el presente documento pretende ser una guía para el ejercicio del poder del primer mandatario, en función de las reflexiones, trabajo técnico, revisión a propuestas presentadas por el Ejecutivo y definiciones de carácter político ideológico ubicadas en la social democracia que representa el Partido Izquierda Democrática en el país.
2.1.1 POLÍTICA FISCAL
• Fomentar la transparencia como eje fundamental del ejercicio público y funcionamiento del estado con la provisión de información pública completa, actualizada y de calidad, en todas las instituciones de todos los niveles de gobierno, así como de los organismos asociados que reciben recursos del Estado o prestan servicios públicos, con los mejores estándares institucionales internacionales. Se requiere invitar a organismos internacionales especializados para implementar un sistema de Gobierno Abierto en el país.
• Fortalecer el sistema nacional de compras públicas, así como la libertad de acceso y participación en toda la información y los procesos, posibilitando el ejercicio de sus competencias a los organismos autónomos de control, el escrutinio de la ciudadanía en general. Se debe dar prioridad a la participación de MYPIMES y entidades de la economía popular y solidaria en la provisión de bienes y servicios para el Estado.
• Emitir una Ley de Responsabilidad Fiscal y crear un Fondo de Riqueza Soberana para mantener, proteger e invertir el ahorro público resultante de excedentes petroleros y mineros, destinado prioritariamente a la inversión pública en salud, educación e inclusión social.
• Hacer una reingeniería de la institucionalidad del ejecutivo, adaptándolo a la realidad del país y del mundo con temáticas congruentes, evitando la duplicidad de funciones y procurando descentralizar hacia los GAD la mayor parte de competencias ancladas a recursos.
• Fortalecer la inversión pública y las iniciativas público-privadas hacia el desarrollo de nueva infraestructura y sobre todo al mejoramiento y optimización de la infraestructura existente, conforme a criterios técnicos como retorno, tanto económico como social, pertinencia, financiamiento sostenible y factibilidad social, económica y ambiental; que deben traducirse hacia una sostenibilidad fiscal en el tiempo. Esto jamás debe traducirse en privatización abierta o soterrada en sectores estratégicos (hidrocarburos, energía, agua, etc).
• Transparentar toda la información del sector público tanto en ingresos como de gastos y de fuentes de financiamiento interno y externo, así como todo condicionamiento o medida requerida por parte de organismos internacionales, como también su uso y destino.
• Establecer un plan de pago y priorización de la deuda interna, en particular con la seguridad social, como mecanismo que permita precautelar la sostenibilidad del sistema.
• Garantizar la estabilidad en el manejo monetario y promover la creación de instrumentos complementarios de pago como la billetera electrónica, regulada y controlada por el Banco Central, pero ofertados por operadores financieros y de la economía popular y solidaria como medios de pago ágil y amplia bancarización que permita una mayor velocidad en la circulación sin necesidad de dinero físico, respaldado y manejado en la forma técnica y política adecuada.
• Declarar como servicio básico la provisión de telecomunicaciones (internet) en el territorio nacional con la correspondiente revisión de su sistema impositivo retirando o reduciendo el IVA para estos servicios.
• En relación a la programación presupuestaria es importante que se revisen las asignaciones del sector social, sobre todo en salud, educación básica, bachillerato y superior. Se contemplan recortes importantes en estos recursos, mismos que tienen que analizarse y rever las asignaciones al alza.
• Una de las medidas redistributivas más ampliamente conocida a nivel mundial es el impuesto a las herencias. Países desarrollados como EEUU, Japón, Reino Unido y buena parte de los países europeos mantienen tasas que arrancan en el 30% y se incrementan a medida que la línea sucesoria no es directa. La eliminación del impuesto a las herencias es un error que genera menos ingresos; pero, sobre todo, desnaturaliza la lógica progresiva que deben tener los tributos.
• El Impuesto a la Salida de Divisas es una medida necesaria en un sistema dolarizado como el nuestro, ya que controla la fuga de recursos y desincentiva la proliferación de capitales altamente especulativos que dañan la economía real de un país. Plantearse el salir de este impuesto es contraproducente para la dolarización y para una balanza de pagos favorable, por lo que se recomienda mantener este impuesto, sobre todo para grandes transacciones de capital. Existe un margen de revisión de la base mínima sobre la cual se cobraría este impuesto y sus exenciones para que no afecte a la clase media, sin que esto genere un impacto relevante en la recaudación tributaria.
• La temporalidad de las contribuciones sobre el patrimonio es procedente; no obstante, esta misma temporalidad debe regir para el impuesto a la renta a las personas naturales, ya que después de un determinado tiempo se puede mejorar el poder adquisitivo de las personas y la demanda agregada del país (consumo final de los hogares), mejorando las condiciones sobre la reactivación económica del país.
• En relación a la Contribución Temporal sobre el Patrimonio de las Sociedades, en la que se establece un aporte del 0,8% a empresas con patrimonios superiores a USD 5’000.000,00, se sugiere incorporar a las empresas a partir de USD 2’500.000,00 con 0,5%3.
• Excluir del cálculo de las contribuciones temporales sobre el patrimonio la primera residencia familiar y las tierras agrícolas, productivas y no productivas.
• El Impuesto a la Renta se concibe como el tributo progresivo por excelencia, por lo que debe propender a gravar en mayor medida a quienes más ingresos tienen en la sociedad. El incremento en la tasa de impuesto a la renta para personas sobre los 2.000 dólares de ingresos mensuales (clase media) no es adecuado pues desincentiva la capacidad adquisitiva y el consumo, lo que a su vez degenera en la reactivación económica y la recaudación por concepto de IVA. Elevar la base imponible a partir de los USD 3.500 de manera temporal a personas naturales tiene un impacto relativo (aproximadamente USD 70 millones – 1.4%) respecto del grueso que representa este tributo actualmente, que es de alrededor de USD
5.000 millones.
• Se recomienda la eliminación del 2% de impuesto a la renta a las Microempresas y encaminarse a un régimen tributario preferente que considere la estructura de costos y gastos de estas unidades productivas fundamentales para la generación de empleo en el país.
• Se recomienda que, para cualquier incremento de impuesto a la renta de las personas naturales, esté fuera de todo cálculo los ingresos exentos; es decir, derechos adquiridos como el décimo tercer y décimo cuarto sueldos. Esto tendría un grave impacto en la economía familiar pues se empezaría a gravar adicionalmente a personas que ganan desde USD 1.700 mensuales en adelante aproximadamente.
• Se debe mantener las deducciones de gastos personales del impuesto a la renta que en el proyecto se restringen a USD 5.000. Esto permite en buena medida generar consumo y dar mayor respiro a la clase media del país.
• Las rentas generadas en el extranjero, que no generan rédito alguno para el país, no deben considerarse como parte de la deducción del impuesto a la renta nacional ya que esto llevaría a una menor recaudación fiscal y sería un contraincentivo para la salida de divisas y la evasión tributaria.
• El país es suscriptor de tratados internacionales que prevén el ingreso libre de productos extranjeros al país con bajos o ningún arancel, esto genera una distorsión para la industria nacional que, además, según el proyecto de ley gravaría con el ICE a la producción nacional de bebidas alcohólicas como la cerveza. Esto podría generar una considerable afectación a la industria nacional y con ello una menor recaudación. Se recomienda revisar esta medida a la luz de los tratados internacionales suscritos.
• Actualmente una persona natural o jurídica que tenga más del 6% de capital suscrito en una institución financiera, tiene prohibiciones para ser sujeto de crédito dentro de la misma entidad, esto para evitar la figura de operaciones vinculadas a accionistas con capacidad de incidencia. El proyecto de ley económica urgente pretende incrementar del 6% al 25% esta barrera lo que genera un riesgo demasiado grande sobre la sostenibilidad de las instituciones financieras en el país. Se recomienda mantener el 6% vigente
• Es necesario, como mecanismo para salir de la crisis económica, el establecimiento de una contribución especial temporal al patrimonio. El proyecto de ley económica urgente del ejecutivo plantea gravar a patrimonios de personas naturales superiores al USD 1’000.000, con una tasa progresiva entre el 1% y el 1,5%. Se recomienda incorporar en la tabla a patrimonios superiores a los 500.000 con una tasa de 0,5% de recaudación, lo que permitiría reducir el impacto en el impuesto a la renta a la clase media del país. Debe descontarse del cálculo patrimonial el valor de la primera vivienda familiar y tierras agrícolas.
• El principal esfuerzo en materia tributaria debe ser el cobrar a evasores y elusores fiscales, que según la CEPAL asciende en el país a más de USD 7.000 millones; así como, a aquellas deudas tributarias en firme que han pasado ya por procesos contenciosos tributarios y que al momento suman más de USD 1.700 millones.
• La remisión de deudas sobre los intereses y las multas para quienes adeudan tributos al estado debe contemplarse solamente anclada a medidas alternativas como la generación comprobada de empleo, sobre todo para jóvenes y mujeres, y reinversión productiva. Esto conlleva a una reactivación productiva del país y una mejora en la recaudación tributaria.
• Se deben establecer medidas de justicia tributaria, como un impuesto progresivo a las ganancias extraordinarias de la banca y otros sectores que se beneficiaron en plena pandemia y han experimentado crecimiento a pesar de la contracción económica nacional.
• Promover un pacto fiscal para asignar recursos a sectores y territorios, según los diversos niveles de gobierno, para garantizar una mejor distribución y estímulos vinculados a la productividad territorial y a las necesidades básicas.
2.1.3 SUBSIDIOS
• Derogar el decreto 231 de octubre de 2021 y establecer el congelamiento del precio de los combustibles sobre la base del valor anterior y avanzar hacia una política integral de focalización subsidios como estrategia para superar el problema de los combustibles: focalizar el subsidio a la gasolina extra y diésel para transporte de personas y bienes. El mecanismo adecuado para realizarlo es a través de un cruce de información con el Servicio de Rentas Internas a través del RUC y el tipo de actividad que realice, mismo que debería estar debidamente justificado para que esta entidad lo autorice. Se pueden establecer cupos de consumo mensual.
• Focalizar subsidios que garanticen transferencias a los sectores de menores ingresos, con condiciones que faculten un ascenso social; y, eliminar subsidios, subvenciones, exoneraciones tributarias y demás mecanismos que beneficien a segmentos elevados o a grandes grupos económicos que no compensen con sus acciones retribución hacia la sociedad como la generación de empleo digno, entre otros.
• Implementar reducción de aranceles e impuestos para la adquisición de vehículos eléctricos particulares y de transporte.
2.2.1 GENERACIÓN DE EMPLEO
• Generar, desde la banca pública, opciones de crédito preferente para la reactivación económica con tasas de interés preferencial, periodos de gracia y flexibilidad respecto de la naturaleza de los negocios que se financien, para esto es imperativo impedir la venta del Banco del Pacífico y reestructurar la lógica de la banca pública.
• Proteger el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en los espacios públicos correspondientes, buscando regularizar su actividad y dignificarla, buscando garantizar su acceso a la seguridad social. Toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo debe estar prohibida y ser sancionada.
• Favorecer la contratación de mujeres, especialmente jefas de hogar, jóvenes, migrantes retornados y personas con discapacidad y de grupos vulnerables tanto en el sector público como en el privado, con incentivos y cuotas que garanticen su cumplimiento, erradicando la brecha salarial entre hombres y mujeres y toda forma de discriminación salarial.
• Brindar las facilidades y fomentar el empleo ecuatoriano en el mercado laboral internacional a través de canales virtuales, teletrabajo y convenios internacionales.
• Fomentar la experiencia laboral de los jóvenes profesionales a través de programas de inserción laboral y validación de prácticas preprofesionales como experiencia laboral, que dignifique el trabajo juvenil.
• Diseñar una administración pública ágil y eficiente, que garantice la formación continua y la especialización de sus servidores, recuperando la carrera de servicio público y generando garantías que permitan a los servidores ejercer su labor de manera técnica, sin favor ni temor a las autoridades de turno.
• Que se fortalezca la universalización y estricto cumplimiento del derecho a la seguridad social para todos los trabajadores sean estos independientes o en relación laboral, previo análisis actuarial y de financiamiento. A través de esto se garantizarían salarios básicos y la cobertura de relacionadas a enfermedades, accidentes de trabajo, mortuoria y otras.
• Mejorar y diversificar las modalidades contractuales del país a través de la generación de estabilidad mínima para el trabajador de al menos por un año, según el tipo de trabajo.
• Mejorar los contratos para personas sin experiencia, garantizar controles para las obligaciones del empleador y un sistema justo de terminación de contratos laborales. Con remuneración justa, sin violentar derechos.
• Limitar el uso indiscriminado de la figura de período a prueba por un número que no exceda al veinticinco por ciento del total de sus trabajadores para empresas ya constituidas. Los empleadores que inicien sus operaciones en el país, o los existentes que amplíen o diversifiquen su industria, actividad o negocio, deberán acogerse a esta figura pasado el primer año de operaciones.
• Establecer incentivos tributarios para las empresas que prioricen la contratación de mujeres e implementen programas para el fortalecimiento de las capacidades de mujeres en el ámbito directivo, implementen programas de educación formal y capacitación técnica para que las mujeres obtengan calificación para puestos mejor remunerados.
• Implementar una política nacional para priorizar el soterramiento de cables de electricidad y telecomunicaciones entre los GADs y el gobierno, con la finalidad de mejorar el espacio público y generar empleo masivo directo.
2.2.2 SEGURIDAD SOCIAL
• Establecer un plan de pagos para cubrir la deuda de la seguridad social sea con liquidez o con activos productivos rentables del Estado.
• Establecer medidas que garanticen la efectiva universalización del sistema de Seguridad Social.
• Reconocer que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una institución autónoma que pertenece a los afiliados, por tanto, la presidencia de dicho directorio debe estar en manos de éstos, sin dejar de participar el gobierno como miembro del directorio con voz y voto. La gobernanza del IESS, es prioritario a los efectos de lograr una real autonomía institucional.
• Expedir el reglamento que viabilice que el Consejo Nacional Electoral -CNE convoque a los colegios electorales para a los representantes de empleadores y asegurados ante el Consejo Directivo del IESS que actualmente se encuentran prorrogados en sus funciones desde el 2012, cuando la ley señala que sus periodos de funciones serán de 4 años.
• Realizar un estudio actuarial exhaustivo de la Seguridad Social que propenda al equilibrio en el otorgamiento de prestaciones y la sostenibilidad del sistema.
• Se requiere una nueva Ley Integral de La Seguridad Social trabajada en conjunto entre el ejecutivo, el IESS, ISSPOL, ISSFA y la Asamblea Nacional, organizaciones de empleadores y de asegurados, donde se garantice el sistema de reparto basado en la solidaridad, toda vez que el sistema de capitalización individual ha fracasado en otros países.
• Buscar fuentes de financiamiento alternativas y sostenibles para lograr la efectiva atención de salud de los hijos de los afiliados.
• Implementar mecanismos efectivos para garantizar el cobro de la millonaria mora patronal, a través de planes de pago y el uso de la potestad coactiva desde el Estado.
2.3.1 POLÍTICA DE REHABILITACIÓN SOCIAL
• El sistema nacional de rehabilitación social requiere un rediseño institucional, así como definir el rector de la política pública y un adecuado modelo de gestión. Fortalecer la institucionalidad pública, definir claramente roles y competencias de las entidades con responsabilidad en la materia, para así lograr un efectivo tratamiento de esta problemática.
• Delinear un Plan Nacional de Rehabilitación Integral para los centros de privación de libertad. Las personas privadas de la libertad -PPL- deben recibir una rehabilitación con base en sus aptitudes personales que garanticen el desarrollo íntegro de la persona con actividades productivas, educación, salud física y mental, entre otras.
• Generar alianzas público-privadas para la creación e implementación de los programas de desarrollo y el manejo de los centros de rehabilitación social, como parte del Plan Nacional de Rehabilitación Integral.
• Identificar, sectorizar y reubicar a los PPLs según el tipo de delito cometido; mediante centros especializados que diferencien delitos menores y aquellos que sobrepasen los 5 años de condena.
• Replantear la funcionalidad de las cárceles. Se requiere pasar de “escuelas del delito” a verdaderos “centros de rehabilitación integral”. Es inminente un cambio de la infraestructura por espacios útiles, donde se puedan impartir cursos y talleres laborales para los PPLs.
• Generar un buró de trabajo entre todas las instituciones con competencia en seguridad con la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad, para coordinar el procesamiento de las leyes en esta materia. El buró estaría conformado por Secretaría de Planificación, Ministerio de Defensa, Central de Inteligencia Estratégica, Ministerio de Gobierno, Secretaría Nacional de Riesgos, ECU911, Secretaría de Derechos Humanos y Finanzas.
• Fortalecer los subsistemas de inteligencia y contrainteligencia, con varios criterios de especialidad tales como financiera, penitenciaria, ente otros.
• Convocar un gran pacto nacional por la paz y la seguridad, donde se articulen a todos los niveles de gobierno, sociedad civil, academia, colectivos organizados, para lograr fortalecer el tejido social y enfrentar conjuntamente los desafíos de seguridad que afronta el país.
• Separar la gestión política y la seguridad del Estado. El Ejecutivo debe separar las funciones del Ministerio de Gobierno en dos instancias independientes pero coordinadas, para balancear las competencias, otorgarles especificidad y margen de acción.
• En el Ecuador cerca de 2000 niñas menores de 14 años dan a luz cada año, la inmensa mayoría violentas por su círculo familiar más íntimo; en este sentido, garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y un plan integral de salud sexual y reproductiva, que incluya también a la educación, es indispensable para reducir los altos índices de embarazo adolescente e infantil y la mortalidad materna que sufre el país.
• Incrementar el presupuesto para la aplicación de la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
• Detener la ampliación de la frontera de explotación hidrocarburífera y minera, lo cual va en detrimento de la naturaleza.
La gobernabilidad como corolario del relacionamiento democrático entre actores es requisito previo y fundamental para la construcción de un proyecto nacional. Esta categoría fundamental no corresponde exclusivamente al aseguramiento de condiciones de estabilidad para que un gobierno pueda ejercer su plan de gobierno, sino también la gobernabilidad para los ciudadanos, para que puedan desarrollar sus proyectos personales, su vida en sociedad y planificar en condiciones de certidumbre,
La estrategia de fomentar divisiones, rencillas y disputas políticas, prescritos en manuales caducos de estrategia política no pueden constituirse en el denominador común del relacionamiento político, por el contrario generando confianza y privilegiando el diálogo democrático, la construcción de consensos y el procesamiento de los disensos con madurez política, madurez en la cultura de debate y una vez más la supremacía del diálogo, se puede construir un pacto de futuro para todos y todas.
Caer en el error antes señalado, por el contrario posibilita que los actores antidemocráticos beneficiarios del caos, la incertidumbre y la división prosperen. No solo la coyuntura sino el mediano y el largo plazo demandan como imperativo ético el trabajo, la unidad y la visión de futuro, caso contrario se allanaría el camino para el retorno del pasado de autoritarismo y corrupción que fueron el hegemón de la década y media pasada, concluye el documento entregado al Primer Mandatario, por los representantes de Izquierda Democrática. (I)