Henry Llanes Suárez

La crisis energética del Ecuador tiene su origen en las disputas de poder más profundas que se han producido en el país, entre el modelo de industrialización de sustitución de importaciones y el modelo de desregulación de los mercados: el primero impulsado en los años setenta del siglo XX a raíz de la explotación hidrocarburífera en la región amazónica, y el segundo, en los años noventa, empeñado en retirar al Estado del manejo de las actividades económicas, especialmente de aquellas que se relacionan con los sectores estratégicos de la economía nacional, definidos en la Constitución de la República como recursos naturales no renovables; en este caso, los más rentables: hidrocarburos, telecomunicaciones, sector eléctrico y minería metálica.

El modelo de sustitución de las importaciones tenía su base expansiva en la industrialización del petróleo, la cual no solamente comprendía la obtención de productos básicos, como gasolinas, diésel, gas licuado de petróleo (GLP) y otros derivados, sino llevarlo al hidrocarburo al desarrollo de la petroquímica para exportar sus derivados a los mercados del Caribe y de Sudamérica. Según los especialistas en esta materia, actualmente se obtienen más de 4.000 productos de esta industria, pero claro, este proyecto no se desarrolló, porque en el camino se impusieron los intereses de los grupos económicos vinculados a la importación de los derivados de los hidrocarburos y a la exportación de petróleo crudo en condición de materia prima. Si el Estado hubiera exportado sus derivados (gasolinas, diésel y GLP) en vez de petróleo crudo, hubiera obtenido aproximadamente un 60% más de ingresos de los que recibe por la venta de la materia prima.

Según el ex Contralmirante Gustavo Jarrín Ampudia (+), principal ideólogo de la reforma energética de los años setenta, exponía en sus conferencias, que la idea principal del proyecto nacionalista de sustitución de importaciones era llevarlo al petróleo al desarrollo de la petroquímica, con la cual se tenía un doble objetivo: por un lado, abastecer el mercado interno con productos nacionales y evitar la importación de sus derivados, es decir, evitar la descapitalización del país a través de la salida de divisas, y por otro, exportar los derivados del hidrocarburo con valor agregado a los mercados del Caribe y de Sudamérica, antes que exportar el petróleo en su condición de materia prima; sin embargo, a pesar de esos buenos propósitos, el modelo económico de la soberanía energética no tuvo éxito, porque en el camino se impusieron los intereses de los grupos económicos, quienes han acumulado las más grandes fortunas a través del control del mercado de los hidrocarburos, en todas sus fases: explotación, transporte, industrialización y comercialización del petróleo y sus derivados.

Por lo tanto, las consecuencias nefastas de lo que actualmente está viviendo el Ecuador tiene su origen en aquellos antecedentes, quienes no industrializaron la mayor parte de

1 Lcdo. en sociología y ciencias políticas: analista de temas petroleros, de la seguridad social y del seguro social obligatorio. Vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha y Presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS.

los hidrocarburos que se explotan de la región amazónica, incumpliendo lo que disponía el artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos. Esta situación es de tal gravedad en la producción nacional de sus derivados, que actualmente ni siquiera se obtienen los volúmenes adecuados de los productos básicos para abastecer el mercado interno, tales como: gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo; además, los combustibles que se producen en el país no son de buena calidad (diésel y gasolinas), especialmente los que se procesan en la Refinería de Esmeraldas, debido a la mezcla total de los crudos; el daño al país es total.

La Refinería de Esmeraldas fue diseñada y construida para industrializar crudos livianos de 28°API en adelante y no para aquellos crudos de baja calidad API que se vienen procesando en dicha planta desde 1995 hasta la actualidad; por eso, para poder comercializar los derivados que se obtienen en la mencionada industria se los tiene que mezclar con naftas importadas, las cuales se compran a precio internacional afectando las finanzas públicas.

El año pasado para poder mover el aparato productivo del país, el Estado tuvo que importar más de $7.500 millones en gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo (GLP), en cuyo monto no están incluidas las importaciones de Avgas, Cutter Stocks, Jet Fuel, Fuel OIL, VGO y NBO, ni tampoco los lubricantes y derivados de la petroquímica: plásticos, cauchos, solventes, fertilizantes, detergentes, textiles, pinturas, etc., cuyas importaciones están a cargo de la empresa privada.

Para abastecer el mercado interno, actualmente Petroecuador importa aproximadamente el 70% en combustibles (diésel, gasolinas y naftas) y el 80% en GLP, cuyos porcentajes tienden a incrementarse, debido a la disminución de la producción nacional y al incremento de la demanda.

En el período 1972-2023 se han explotado de la región amazónica 7.037 millones de barriles de petróleo, de los cuales se han exportado 4.757 millones de barriles, a un precio promedio anual de $42,13 x barril; total ingreso: $200.455 millones2. Al respecto cabe indicar, que actualmente el Estado les paga a algunas compañías petroleras $41 por la explotación de un barril de petróleo, es decir, comparando con el precio promedio histórico de $42,13, prácticamente no le queda nada al país en la explotación petrolera que realizan estas empresas.

Si en el período antes indicado se hubiera industrializado todo el petróleo que se ha exportado de la región amazónica, los ingresos para el país hubiesen sido de $320.728 MM, es decir, un monto muy superior al que se indica en el período 1972-2023, exportando únicamente sus derivados básicos, como son: gasolinas, diésel y GLP; pero eso no se hizo, y se prefirió exportar el petróleo crudo en condición de materia prima, imponiendo un altísimo castigo al precio de exportación de $10, de $12 o más por cada barril de petróleo crudo, desde 1995 hasta la actualidad.

La mezcla total de los crudos no solamente afectó la calidad y el precio de los crudos livianos, sino también elevó los costos de transporte y de refinación de los

2 REALIDAD PETROLERA DEL ECUADOR 1972-2023, Alberto Segovia Chica, ingeniero en petróleos.

hidrocarburos, y lo que es peor, dañó la planta y equipo de la Refinería de Esmeraldas, la cual actualmente es una bomba de tiempo, debido a los altísimos niveles de contaminación ambiental que se producen en la ciudad de Esmeraldas y en su entorno.

En noviembre de 2003 entró en operación el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), pero curiosamente, sin dar ninguna explicación de carácter técnico y económico, no se suspendió la mezcla total de los crudos, cuya política se la mantiene vigente hasta la actualidad, por un período que se aproxima a los 30 años, causando un gigantesco perjuicio económico al país.

Con la reforma a la Ley de Hidrocarburos que se impulsó en 1993, y la posterior reforma que se llevó a cabo en el año 2010, con excepción del campo Sacha, actualmente todos los campos petroleros están en manos de empresas privadas, las mismas que, sin invertir dinero fresco (basta ver las cifras del Banco Central en materia de inversión extranjera directa en materia explotación petrolera, es prácticamente cero), le facturan al Estado el doble o el triple de lo que le costaba a Petroecuador hasta el año 2008; por lo tanto, las inversiones que realizan las petroleras surgen de los mismos yacimientos que anteriormente estaban en poder de Petroecuador.

Al realizar un balance de ingresos y egresos de la actividad petrolera del período 1995- 2023, los resultados para el país son negativos, si restamos de los ingresos de la venta del petróleo, los siguientes rubros:

– Altos costos de producción que facturan las contratistas al Estado

– Alto castigo en el precio de exportación del barril de petróleo

– Altos montos en la importación de los derivados de los hidrocarburos.

Por lo tanto, es urgente reformar la política petrolera del país, la misma que debe comprender lo siguiente:

1.- Reformar la Ley de Hidrocarburos, en la que se defina un solo tipo de contrato para explotar los hidrocarburos, en el cual, el Estado tenga la mayor parte accionaria, conforme lo disponen los artículos 315 y 316 de la Constitución de la República.

2.- Industrializar todo el petróleo que se explota de la región amazónica, a fin de no seguir descapitalizando al país en la importación de los derivados de los hidrocarburos.

3.- Comercializar los derivados de los hidrocarburos en función de costos de producción, pago de impuestos y margen de ganancia, y no en función de precios internacionales, porque el país no es importador de petróleo crudo. El mantener esta política es para beneficiar a los importadores de los derivados de los hidrocarburos.

Los costos de producción de los derivados de los hidrocarburos deben comprender: precio de exportación del barril de petróleo crudo puesto en Balao-Esmeraldas, más costos de refinación, más costos de transporte de los derivados por los poliductos, más

costos de almacenamiento en terminales, más costos de distribución en auto – tanques, desde los terminales hacia estaciones de servicio (gasolineras), más costos de comercialización de venta al público, más el pago de impuestos y un margen de ganancia razonable. (O)

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