Por unanimidad el Pleno de la Asamblea Nacional, con 136 votos, aprobó el proyecto de resolución que censura al excontralor Pablo Celi por incumplimiento de funciones. La censura consiste en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a esta resolución.
El juicio político se desarrolló en base a seis causales: ilegalidad de posesión de Celi frente a la Contraloría; falta de acción en el caso Odebrecht; irregularidades en la contratación de servicios comunicacionales con la empresa de Daniel Salcedo; injerencia en la Función Electoral; injerencia en el último proceso electoral y el proceso penal que se sigue en su contra por delincuencia organizada.
Durante el debate intervinieron 18 parlamentarios, quienes coincidieron en señalar que quedó en evidencia el incumplimiento de funciones por parte de Celi, a quien se le respetó el derecho a la defensa en el marco del debido proceso.
Además indicaron que Pablo Celi, desde la Contraloría se abstuvo de sancionar a la empresa Odebrecht, pese a las irregularidades que se pusieron en evidencia.
Los interpelantes, Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, reiteraron que existen suficientes elementos probatorios para que la Asamblea disponga la censura del señor Celi, “por haber contaminado con la corrupción la más importante entidad de control del país”.
Igualmente, el excontralor, Pablo Celi, en aplicación estricta del procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ejerció su legítimo derecho a la defensa.
El solicitante del juicio político, Juan Cristóbal Lloret, recordó que en el proceso se determinaron seis elementos probatorios que configuran la única causal, que es el incumplimiento de funciones, al desarrollar tres de ellas: el ejercicio ilegal de la Contraloría; la falta de acción en el caso Odebrecht; y, las irregularidades en la contratación de servicios comunicacionales con la empresa HDC, de propiedad de Daniel Salcedo Bonilla.
Lloret subrayó que este juicio político servirá para decir la verdad y para poner del lado correcto de la historia a un nefasto personaje, como Pablo Celi de la Torre, quien asumió el cargo forzando la norma legal, desconociendo, inclusive, la legítima designación de la señora Sabett Chamoun como subcontralora General.
Viviana Veloz, quien desarrolló las causales relacionadas con la intromisión en decisiones legítimas de autoridad competente; la interferencia en el proceso electoral; y, las acciones penales que se siguen en contra de Celi por presunta delincuencia organizada. Veloz aseguró que el exfuncionario fue el brazo ejecutor de la persecución política del anterior Gobierno, para afectar la imagen de la revolución ciudadana, al extremo de buscar la forma de impedir la participación de este sector en las pasadas elecciones.
Añadió que se ha demostrado la responsabilidad política del exfuncionario en cada uno de los elementos de convicción expuestos durante la sustanciación del juicio político en la Comisión de Fiscalización, con las versiones de funcionarios y exservidores de la Contraloría General del Estado, quienes detallaron cómo se procedía para el desvanecimiento de glosas, en contra de los intereses del país.
“¡Señores, señoras no nos tiembla y jamás nos temblará la mano para combatir a la corrupción venga de donde venga! (…) no tenemos cuentas pendientes con nadie y tenemos la cara limpia para venir aquí y responder a nuestros mandantes!” Alejandro Jaramillo, jefe de la Bancada naranja.
En este juicio político se ha demostrado al país, que la ID no va a tolerar el más mínimo incumplimiento ético o de funciones de las autoridades del Estado; a la vez que, ratifica su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción venga de donde venga, reflejado en esta censura política y el pedido a la Fiscalía General del Estado para que investigue a todos quienes han sido mencionados en la investigación, como parte de la supuesta trama de corrupción, que rodea a Celi y el desvanecimiento de glosas, sentenció.
Entre tanto, el excontralor Pablo Celi, al exponer sus argumentos de defensa, se declaró “reo de la venganza” dentro de un proceso político cuyas acusaciones no han sido probadas por el interpelante. Según su criterio, este es un juicio en contra de un funcionario que hizo su mayor esfuerzo por luchar contra la corrupción en el sector público.
El excontralor suborgante, en uso de cuatro horas, tres de argumentación y una de réplica, insistió que la Asamblea Nacional no tiene otra opción más que ratificar su estado de inocencia frente a las acusaciones de incumplimiento de funciones formuladas por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret.
Finalmente, con 136, votos a favor y después de más de 10 horas de sesión, el Pleno de la Asamblea censuró al ex Contralor (s) Pablo Celi.
La resolución será notificada al Ministerio de Trabajo, a fin de que registre la censura del exfuncionario y disponga la prohibición de ejercer cargo en el sector público durante el tiempo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (dos años).
El expediente de este juicio político se remitirá a la Fiscalía General del Estado, para que en ejercicio de sus competencias realice las investigaciones penales que corresponda. Igualmente se enviará a todas las funciones del Estado, a la Contraloría General del Estado y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de que inicien sus investigaciones de acuerdo con sus competencias legales.
La resolución del Pleno de la Asamblea Nacional será notificada en legal y debida forma al exservidor público censurado; y, se remitirá copia auténtica al Registro Oficial para su publicación. (I)