Organizaciones de la economía popular y solidaria, que actualmente trabajan como contratistas del Municipio de Quito, se verán afectadas por una acción de protección emitida por un juez de Portoviejo, que impide realizar contrataciones públicas con este sector, advierte el alcalde de la capital, Pabel Muñoz.
En una rueda de prensa realizada este viernes 26 de enero de 2024 junto con representantes de estas asociaciones, la máxima autoridad de la ciudad calificó esta acción como “abuso del derecho” y remarcó que más de 6 mil fuentes de empleo podrían ser afectadas por la medida cautelar.
“Hacemos un llamado a la Corte Constitucional, para que actúe sobre esto, que termina siendo un grave perjuicio para todos: primero para la economía popular y solidaria, que no puede conectarse con la compra pública; para alcaldías y prefecturas, porque terminaría direccionando sus compras a los grandes proveedores”, dijo el alcalde.
“Tenemos mucha preocupación por el anuncio de esta medida. Es dañino para procesos asociativos y para la diversificación que genera autoempleo; para que los recursos económicos del Estado lleguen a las familias, principalmente para las jefas de hogar”, mencionó Cristopher Velasco, gerente general de la cooperativa de servicios e innovación y sostenibilidad SISO. (I)